Buscan castigar con penas económicas a quienes nieguen la dictadura o banalicen el terrorismo de Estado. En las últimas semanas se amplificaron los discursos negacionistas.
“No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios. Sí niego que hayan sido 30 mil desaparecidos", dijo este lunes el diputado libertario José Luis Espert, a modo de cierre de una oleada de exclamaciones reivindicacioncitas de la dictadura por parte de distintos dirigentes de la derecha argentina. En la semana de la Memoria la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó una “memoria real” de lo sucedido durante el golpe de Estado que inició en 1976. Militantes del PRO vandalizaron la estación de subte Rodolfo Walsh. En paralelo, legisladores porteños que responden a Javier Milei y Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado, mientras que intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos. Un vocero libertario tomó fotografías frente a la Ex Esma posando en un falcón verde. “Ni terrorismo de Estado. Ni terrorismo subversivo”, salieron a reclamar el senador radical Lisandro Enrico y del diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz. Una avanzada negacionista La avanzada negacioncita reavivó la discusión sobre qué debe hacer la dirigencia política ante estos discursos que tratan de borrar la historia, minimizar las atrocidades cometidas durante la última dictadura o directamente negar el terrorismo de Estado. En los últimos años, esos discursos de odio adquirieron mayor representación: el propio Mauricio Macri, cuando era Presidente, habló de una "guerra sucia" y negó que hubiera 30 mil desaparecidos. A pesar de tratarse de una minoría, el ruido es amplificado mediante las redes sociales y los medios de comunicación. En los últimos años fueron varios los proyectos que distintos diputados presentaron en el Congreso para sancionar penalmente a quienes nieguen o hagan apología del terrorismo de estado en la Argentina. Sin embargo, hasta el momento ninguno llegó a ser tratado en el recinto. La semana pasada, al cumplirse 46 años del golpe de Estado, Alberto Fernández condenó los discursos negacionistas y fue tajante: dijo que le dan asco y vergüenza. Sanciones al discurso negacionista
En marzo del 2021, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández, presentó su propia iniciativa que cuenta con el apoyo de su bloque y que, a su vez, representa la continuidad de los proyectos presentados previamente por Nilda Garré (2017) y Horacio Pietragalla Corti (2019).
El proyecto fija un régimen de sanciones a los delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad, a través de su incorporación como tales al Código Penal.
"Estos sectores que no solo son negacionistas, si no que son reivindicacioncitas. Hacen apología a políticas de genocidio o crímenes de lesa humanidad", dijo Fernández en comunicación con AM750.
"Tratan de banalizar lo fue una dictadura tremenda", agregó el diputado. Fernández señaló que los que tienen expresiones negacionistas son funcionarios, el hecho es "mucho más grave". Es por eso que su proyecto de ley contempla la destitución y la inhibición a un cargo público por 10 años.
"En el fondo tratan de ocultar para qué vino la dictadura. Tratan de poner en duda la cifra de los desaparecidos pero no hablan de cómo el golpe afectó a la democracia. Disolvieron el Parlamento, prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Resintieron los derechos laborales. Duplicaron la deuda y destruyeron la industria nacional haciendo desaparecer más de 20.000 empresas", indicó.
"Por supuesto que reconocemos que lo principal de la educación y seguir profundizando la democracia, en su profundización.
Las claves del proyecto
Incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Fija, respecto a ellos, sanciones como las prescriptas para delitos de similar naturaleza: penas de prisión leves y sanciones económicas, según correspondiere.
A su vez, establece obligaciones específicas para funcionarios y funcionarias públicas de todas las jerarquías y jurisdicciones: la comisión, por su parte, de delitos de negacionismo y apología de crímenes de lesa humanidad y genocidio, resulta agravada por su responsabilidad pública, carácter que profundiza las sanciones previstas, inhabilita a sus autores a ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena e incluso los conmina a la realización de una capacitación en materia de derechos humanos, regímenes autoritarios y crímenes de lesa humanidad.
Qué pasa con los negacionistas en otros países
En Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros países, negar el Holocausto se considera un delito.
En el caso de Alemania, la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Si alguien llegara a negar el genocidio nacionalsocialista, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años.
En Francia, la ley Égalité et citoyenneté (Igualdad y ciudadanía) prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como es el caso del Genocidio Armenio o los cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
750 AM
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